Facturas pendientes

En algunos ayuntamientos, como el de Sevilla, existen facturas pendientes de pago… ¡en pesetas! Eso significa que hay proveedores que llevan más de nueve años sin cobrar, tiempo en el que más de uno habrá quebrado. Al borde de la quiebra están también muchos contratistas de bienes y servicios a los que autonomías y municipios han utilizado como financieros involuntarios de una deuda pública ingente y en muchos casos no contabilizada. Empresas sanitarias, energéticas, de telecomunicaciones, de hostelería, pero también profesionales, autónomos y comerciantes pequeños y medianos que suministraban materiales de necesidad inmediata. Hay hasta clínicas que han cerrado quirófanos por impago de conciertos; una verdadera procesión de afligidos que durante años ha ido acumulando bien a su pesar una verdadera nube tóxica de pasivo.

Esa trampa gigantesca es lo primero que se van a encontrar los nuevos alcaldes y presidentes autonómicos, como se la toparon los dirigentes de CiU —hasta un 0,6 por ciento más de la deuda oficial reconocida— cuando tomaron posesión de la Generalitat catalana. Nadie está limpio de responsabilidad: ocurre lo mismo en las comunidades y ayuntamientos que han estado bajo gobierno del PP. Una deuda inembargable y muchas veces oculta que colapsa el tejido productivo y debería ser la prioridad de cualquier programa de reactivación de la economía y del empleo. El problema es que no basta con hacer auditorías y poner el grito en el cielo contra la bancarrota heredada; urge encontrar fondos para pagar, y las instituciones ya hace tiempo que están al límite —y bastante por encima— de su crédito.

De manera que la única solución, parcial pero imprescindible, es una poda de gasto superfluo. Eso no va a alcanzar para poner el contador a cero pero al menos proporcionará un cierto alivio y sobre todo otorgará autoridad moral para exigir sacrificios o quitas. Porque durante años, los proveedores no sólo se han desesperado de no cobrar sino que mientras se asfixiaban han visto proliferar empresas, nóminas y organismos oficiales cuyos directivos dilapidaban –en ocasones también a débito, para más recochineo— los fondos que faltaban para hacer frente a la montaña de impagos. El adelgazamiento de esa masa administrativa insostenible es una cuestión de ejemplaridad que es menester abordar sin dilaciones ni prórrogas como providencia preliminar de regeneración de la vida pública.

Se trata de una cuestión antipática que conlleva despidos, cierres y demás medidas de ajuste, y que será utilizada por los adversarios políticos para alimentar el discurso del miedo a la derecha, el eje del debate político de los próximos meses. Pero no es negociable: o recortes o ruina. Ruina de las instituciones y ruina de los particulares que las han venido sosteniendo con su deuda paralela.